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El biólogo al que casi encarcelan por compartir una investigación de la U. Nacional

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Cuando a Diego Gómez Hoyos, un egresado de la Facultad de Biología de la Universidad del Quindío, le anunciaron que acababa de ganar una beca en la Universidad Nacional de Costa Rica para estudiar una Maestría, también le fue notificado una denuncia en la que se le acusaba de un delito contra los derechos de autor.

Su error fue subir una tesis de grado de la Universidad Nacional (incluyó el nombre del autor en todo momento) a Scribd, una plataforma de documentos en línea, y luego compartirla en una grupo de amigos investigadores en Facebook. Corría el año 2013 y la acusación pedía para él de cuatro a ocho años de prisión.

Por aquel entonces, los recursos que manejaba la Universidad del Quindío para hacer investigación y acceder a conocimiento eran limitados. Debido a estas falencias, y con la intención ampliar su marco teórico, creó un grupo de investigación entre sus compañeros de curso que también compartían información en un grupo cerrado de Facebook. “Pedíamos apoyo a los profesores para que nos ayudaran a buscar recursos bibliográficos que por esa época eran difíciles de acceder”, relata.

Uno de los documentos que difundió por ese medio fue la tesis por la que fue denunciado. “Era una investigación sobre “taxonomía” de la Universidad Nacional. No pude enviarla por correo electrónico porque estaba muy pesada, así que busqué una plataforma para subir esa información completa (con nombre del autor)  para que otros la leyeran, sin ánimo de lucro”, explica.

Cuatro largos años después de comenzar el proceso penal, Gómez fue absuelto tras demostrar que al compartir la investigación no obtuvo ninguna retribución económica. Germán Realpe Delgado, su abogado y especialista en derecho informático y delitos informáticos, logró probar que, aunque la plataforma Scribd exige pagar un valor por la descarga de los documentos, ese dinero nunca llegó a manos del denunciado.

Realpe cuenta que con un perito forense, Daniel Torres, usaron una herramienta para rastrear información sobre si la tesis ya había sido publicada en internet antes de que su cliente lo hiciera. Para ello utilizaron la fuente de acceso público llamada Osint, que rastrea todo tipo de información (redes sociales, buscadores, foros, fotografías, wikis, bibliotecas online, conferencias y metadatos). Encontraron entonces que la tesis ya estaba en internet, y lo más revelador, que otros ya la habían compartido.

La defensa de Gómez, en la que también están los abogados Claudio Zambrano y Luis Bernando Alzate, también argumentó que compartir este tipo de investigaciones es una práctica común entre biólogos, mucho más entre estudiantes universitarios con fines pedagógicos y de aprendizaje. Incluso se pudo establecer que el propio denunciante había compartido otras investigaciones de colegas a través de diferentes plataformas.

Finalmente, el juez absolvió al denunciado en primera instancia. Sin embargo, el denunciante apelará está decisión y tienen plazo hasta el 1 de junio para entregar nuevas pruebas.

El caso de Diego Gómez reabre la polémica sobre el acceso libre a la información, más en contextos académicos, porque puede crear un precedente a la hora de compartir contenido en internet. No obstante, todavía no se puede hablar de triunfo, puesto que existen muchos vacíos alrededor de la ley de derechos de autor en Colombia.

“Así como me pasó a mí, le puede pasar a otro estudiante que crea que el conocimiento es libre”, explica el ahora biólogo que en la actualidad ejerce de coordinador de investigaciones en una reserva natural en el sur de Costa Rica.

Asegura que, aunque este lío penal lo pudo haber derrotado tanto a nivel personal como en su carrera profesional, le sirvió para madurar como investigador y como activista contra las barreras de acceso al conocimiento. “Los invito a publicar sus artículos en revistas de acceso abierto, que no le cueste un peso a las universidades ni a nadie poder acceder al conocimiento que generamos”, concluye.

 ¿Cómo está Colombia en la ley derechos de autor?

“Las leyes de derechos de autor se quedan cortas. Los estudiantes tienen la costumbre de compartir información para ampliar el conocimiento a través de las redes sociales y están leyes no son justas con ellos. Por un lado les decimos que usen internet a través de programas nacionales, pero falta mecanismos para compartir información de manera libre” asegura Realpe a esta publicación.

Actualmente la Ley 23 de 1982 es la que regula los derechos de autor en Colombia pero, como su nombre lo indica, es una norma creada en el 82, época en la que las dinámicas del uso de la información a través de la tecnología eran muy diferentes a las actuales. “Esta Ley fue pensada pre-internet, pero ahora todo el tiempo hablamos de compartir, esa es la narrativa de las redes sociales y la educación no es ajena a ese cambio”, explica Juliana Soto, investigadora en la Fundación Karisma.

Por estos cambios y vacíos, Colombia vio la necesidad de reformar esta normatividad a través de la Ley Lleras en sus diferentes versiones, pero fue imposible. En ese sentido, confirman los expertos consultados, el tema de derechos de autor pensados para la red siguen sin ser debatidos por el gobierno para evitar casos como el Diego Gómez.

¿Las bases de datos de la universidades son suficientes?

Los sucesos que vivió Diego Gómez en su universidad son los que hoy en día viven muchos estudiantes que pertenecen a universidades públicas que cuentan con poco presupuesto para pagarle a las editoriales internacionales que manejan el mercado de las investigaciones en el mundo. Es decir, los que controlan las bases de datos más completas y actualizadas.

Por ejemplo, la Universidad Nacional destina de su presupuesto entre  5.000 y 6.000 millones de pesos anuales para la contratación de editoriales que ofrecen plataformas de información distribuida en monografías, tesis, revistas, periódicos, investigaciones, banco de imágenes, audios y videos. Recursos que son de vital importancia para la generación de conocimiento.

Aunque varias universidades cuentan con repositorios de acceso abierto como la Nacional, todavía falta mucho para que los investigadores que producen conocimiento suban sus resultados a plataformas de acceso libre y no le paguen muchas veces a editoriales que cobran por revisar y publicar una investigación.

“El caso de Diego ha permitido que se haga una reflexión de la relevancia del acceso abierto para la academia, por eso el apoyo de la revista Open Acces en este caso, ya que son investigadores que publican en revistas que se difunden de manera gratuita. Si el acceso abierto fuera la regla, el caso de diego no habría tenido lugar”, concluye Juliana Soto, investigadora en la Fundación Karisma.

Revista Semana. Semana Educación. www.semana.com
Fotografía: Diego Gómez

It’s time to stand up to greedy academic publishers

Original tomado de: http://goo.gl/mIKXyV  www.theguardian.com

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How should research travel from the notebooks, hard drives and laboratories of researchers to the desks of their peers? Who should get access? And who should pay?

Over the past few years, these deceptively simple questions have been beset with controversy. Librarians at some of the world’s wealthiest institutions have announced that they can no longer afford to purchase the materials their researchers need. Leading academics have organised boycotts, petitions and mass resignations to protest the combination of prohibitively high prices and profit margins that rival those of the big oil, pharmaceutical and technology firms. A recent paper found that just five multinational publishing conglomerates accounted for 50% of all papers published in 2013.

It may seem like an administrative afterthought, but the issue of how research is communicated in society raises questions that cut to the heart of what academics do, and what academia is about. The scale of the entanglement between academic research and big publishers may well lead us to ask: who is serving whom? Does our scholarly communication system put the needs of researchers first? Or does it prioritise the uninterrupted profitability of a handful of publishers?

In response to this dilemma, researchers, institutions and policymakers have been exploring different ways of making research available, and different ways of paying for publishing. In the UK, new policies from Hefce and Research Councils UK have sought to widen access to the public as well as to encourage a shift from paying at the point of access to paying at the point of publishing – through so-called article processing charges (or APCs). In principle, this would mean that rather than many institutions repeatedly buying access to the same material, publishing is paid for “up front” by the research community and thereafter free for all forever.

But will these changes amount to a step towards a better deal, a fairer system? To advance understanding of the effects of these changes, we have just published a paper in the Open Library of Humanities to begin to piece together financial flows around academic publishing. However, the picture that we have been able to obtain so far based on publicly available data is still woefully inadequate to the task of being able to assess who pays for what, whether this is fair, and what resources might potentially be available for financing alternative arrangements (such as university-based presses or non-profit consortia).

What do we know so far? Thanks to hundreds of freedom of information requests, we have a window into how higher educational institutions spend more than £180m every year on journal subscriptions. The lion’s share of this (just over 42%) goes to four of the largest publishers. Data about article processing charges is much more difficult to get hold of. Thanks to the valiant efforts of a few librarians and institutions we now have partial information for a selection of institutions, but this is still only a very small part of the picture. From what we can tell so far, the same big publishers who receive most money from subscriptions also take home the most money from article processing charges.

Yet despite these fleeting glimpses we are still a long way from a useful picture of how money flows through the academic publishing system, which could be used to see the effects of recent policies, and fuel our collective imagination about other ways in which scholarly communication could be organised. We still can’t account for half of the £180m a year spent on journal subscriptions. With respect to article processing charges, despite some important steps, we are still largely in the dark. As institutions derive their income from many different sources it is also hard to trace where this money comes from.

To address this, we need a public database of spending on academic publishing. Having this information would not only help us to understand the current system, but also to change it. Collective negotiation bodies have been shown to lead to better deals for universities with publishers (though this is not always smooth going, as evidenced by the recent nationally coordinated boycott of Elsevier by Dutch universities).

As well as providing evidence to inform such negotiation processes, a more joined-up picture of how money is spent would give institutions a better sense of the resources available to invest in publishing initiatives and infrastructures which prioritise the interests of researchers and their publics, rather than the returns of shareholders.

Hence we call on researchers, universities and public institutions to publish what they pay and rethink what they are investing in, in order to expedite progress towards a scholarly communication system that is fit for purpose in the 21st century.

Jonathan Gray is director of policy and research at Open Knowledge, and a researcher at the University of London and the University of Amsterdam. Stuart Lawson is a doctoral researcher at Birkbeck, University of London undertaking a PhD in the politics of open access.